El Gobierno de España planea implementar una prestación universal por crianza de 200 euros al mes (2.400 euros anuales) por cada hijo menor de 18 años, con el objetivo de combatir la pobreza infantil. Esta ayuda está diseñada para ser universal, sin importar los ingresos o la situación laboral de la familia.
La medida está dirigida a los hogares con hijos menores de edad y no establece límites de renta para su concesión. Para poder acceder a la prestación será necesario contar con residencia legal en España, estar empadronado y presentar la documentación correspondiente, como el DNI o el libro de familia. No obstante, conviene señalar que la ayuda aún no ha entrado en vigor.
Un objetivo claro: impulsar la natalidad
Más allá del alivio económico inmediato, el Ejecutivo busca con esta iniciativa impulsar la natalidad y favorecer la conciliación entre la vida laboral y familiar. En un contexto marcado por el aumento del coste de vida y la caída de los índices de natalidad, la prestación pretende convertirse en una herramienta de apoyo estable y previsible para las familias.
Otro de los aspectos destacados de la propuesta es su compatibilidad con otras ayudas públicas. La Prestación Universal por Crianza podrá percibirse junto con el Ingreso Mínimo Vital, la deducción por maternidad y diferentes ayudas autonómicas, lo que amplía su alcance y refuerza su impacto en los hogares con mayores dificultades económicas.
La iniciativa se enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 promovida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Este plan incluye un centenar de acciones orientadas a fortalecer el estado de bienestar, reducir las desigualdades sociales y mejorar la renta disponible de los hogares con menos recursos.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha defendido la prestación como una de las herramientas más eficaces para reducir la pobreza infantil. Según ha señalado, experiencias similares en otros países europeos han demostrado resultados positivos, especialmente cuando estas medidas forman parte de un sistema fiscal redistributivo y progresivo.
Igualdad de oportunidades
Desde el Gobierno se subraya que esta ayuda debe entenderse como parte de una política más amplia orientada a garantizar la igualdad de oportunidades desde la infancia. El objetivo es evitar que la situación económica de los progenitores determine el futuro de los menores, rompiendo así el círculo intergeneracional de la pobreza.